El 23 de febrero de 2026, tras la publicación en el Boletín Oficial de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Panamá (CSJ) del 30 de enero que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company (PPC, filial de CK Hutchison), APM Terminals asumió la operación temporal del puerto de Balboa (Pacífico), mientras Terminal Investment Limited (TiL, de MSC) tomó el control de Cristóbal (Atlántico). La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ejecutó la toma de posesión de activos (grúas, vehículos, software) mediante Decreto Ejecutivo Nº 23, ordenando apoyo de la Fuerza Pública para garantizar continuidad operativa en ambos terminales, que manejan 3,8 millones de TEU anuales (40 % del tráfico contenedor de Panamá).
APM Terminals
inició una “fase de estabilización” en Balboa para asegurar continuidad del hub
logístico, desplegando el sistema Navis N4 y reactivando progresivamente
operaciones con mínima interrupción. El período temporal de 18 meses culminará
en una licitación internacional para concesiones a largo plazo. CK Hutchison
calificó la toma como “ilegal” y “confiscatoria”, inició arbitraje en la ICC (International
Chamber of Commerce) contra Panamá y advirtió a terceros, incluido APM
Terminals por posible asociación ilícita.
El gobierno
panameño designó a Alberto Alemán Zubieta (exadministrador de la Autoridad del
Canal) para coordinar la transición, asegurando que no habrá despidos y que los
trabajadores panameños permanecerán en sus puestos. APM Terminals y TiL
aportarán solo directivos, manteniendo la fuerza laboral local. La transición
busca evitar afectaciones al transbordo y al comercio global, pese a la presión
legal de CK Hutchison y críticas de Pekín, que denunció el fallo como “absurdo”
y advirtió de “alto precio” político y económico para Panamá.
El proceso
reconfigura el panorama de terminales del Canal de Panamá, poniendo fin a casi
tres décadas de presencia de CK Hutchison y abriendo una ronda global de
licitaciones que pondrá a prueba el interés de grandes operadores en una
jurisdicción donde una concesión activa fue anulada por sentencia
constitucional. APM Terminals enfatizó que actúa conforme a ley y criterios
técnicos, priorizando resiliencia de la cadena de suministro y continuidad del
servicio esencial para el comercio regional y mundial.
GRsE
Fuente: Seatrade Maritime/Container Managment
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